El sector energético ha probado ser muy resiliente frente a altos niveles de incertidumbre y riesgo por estar anclado a los precios del petróleo y de la economía. Sin embargo, la crisis ocasionada por el COVID-19 ha generado nuevos desafíos que el sector debe enfrentar. Por un lado, la industria eléctrica afronta una significativa disminución de la demanda de electricidad, a pesar del aumento de consumo energético doméstico. Por otro, la decisión del Gobierno de suspender los proyectos de energía limpia, en medio de la crisis global del petróleo, ha creado gran incertidumbre en el sector energético.

Disminución de la demanda de energía eléctrica

La paralización económica y el confinamiento social, ocasionados por el coronavirus, afectan especialmente al sector energético al ser una industria que depende y facilita la realización de actividades tanto cotidianas como productivas. Si bien los hogares aumentaron su uso de energía durante la cuarentena, la detención de varios sectores productivos llevó a una  caída general del consumo de electricidad en el país.

De acuerdo con registros del Centro Nacional de Energía (CENACE), la demanda de electricidad sufrió una reducción de 10%  durante la última semana de abril en comparación con 2019. Expertos esperan que existan caídas más pronunciadas en el consumo de energía eléctrica durante este mes debido al inicio de la Fase 3 del COVID-19.  En caso de que el confinamiento social y la situación económica se agraven, se estima hasta un decremento del 20% en la demanda de electricidad de México.

La reducción del consumo energético debería disminuir el precio de electricidad y aumentar la participación de fuentes de energía renovables, dado que este tipo de plantas tiene prioridad en el despacho de electricidad por sus bajos costos marginales. Sin embargo, decisiones recientes del Gobierno Federal podrían cambiar la dinámica del mercado eléctrico y, en cambio, generar  precios más altos de electricidad, a pesar de la disminución en la demanda.

Suspensión de proyectos de energía renovable

El despacho de energía del mercado eléctrico es regulado por el CENACE. La institución despacha, en primer lugar, la energía generada por centrales must run – que no pueden apagarse – y luego, suministra la energía generada por otras plantas – en orden de precio – hasta satisfacer la cantidad demandada. Este mecanismo, como ya se mencionó, favorece a las plantas con costos marginales más bajos, que ofrecen precios menores, como la energía renovable.

Sin embargo, el CENACE publicó un Acuerdo para frenar la entrada en operación de las centrales eólicas y solares indefinidamente y ampliar la lista de centrales must run a plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE – que usan diesel o combustóleo – a causa de la epidemia del COVID-19.  El Acuerdo, que entró en vigor el pasado 3 de mayo, afectó a centrales de energía  renovable en proceso de construcción u operación derivadas de la tercera subasta de largo plazo de 2017. Aproximadamente, 10 parques eólicos se encontraban en etapas previas, poniendo en incertidumbre a un equivalente de 2 mil millones de dólares en inversión.

El Gobierno aún intenta recuperar el monopolio de generación de la CFE mediante combustibles contaminantes, a pesar de que las inversiones en energías renovables generan más de 20 mil millones en inversiones para el país. El nuevo Acuerdo pone barreras a la competencia y desplaza la iniciativa privada en energías renovables, favoreciendo a que consumidores industriales y comerciales adquieran electricidad a mayor costo con la CFE.  Asimismo, el aumento de plantas must run limitaría la operación de más de 700 proyectos y favorecería el despacho de energía eléctrica generada con combustóleo de la CFE.

Algunos países, que dependen mayoritariamente de fuentes renovables, han tomado medidas para limitar la entrada de este tipo de energía debido a su naturaleza intermitente y las complicaciones que podría tener no satisfacer la demanda durante la pandemia. Sin embargo, la energía proveniente de fuentes renovables representa tan solo un 7% de la generación eléctrica en México, por lo que no significa un riesgo como en otros países.

El plan del gobierno frente a la crisis causada por el coronavirus debería impulsar la eficiencia energética mediante el uso de fuentes renovables que son menos dañinas para el medio ambiente y tienen menores costos, en vez de frenar dichos proyectos.